MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV sobre medidas contra los desahucios

Dª María Santos Ricoy, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-Los Verdes del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el RD 2568/1986 de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales y el Reglamento de los Órganos Colegiados y del Régimen de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, presenta para su debate y aprobación en el pleno la siguiente PROPUESTA:

 MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV sobre medidas contra los desahucios. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia contra las legislación española que rige la ejecución hipotecaria denota un claro incumplimiento de la Directiva 93/13/CEE, que se ha trasladado a nuestro ordenamiento jurídico a través de la la Ley 7/1998, de 13 de Abril sobre Condiciones Generales de Contratación y en el TRLGDCyU que ha incorporado la normativa sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con  consumidores.

Ahora, veinte años después de esta regulación europea contra las cláusulas abusivas, el Alto Tribunal manifiesta claramente que nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, pese a la normativa específica en materia de consumidores y de condiciones generales de contratación, supone una clara incongruencia, permitiendo las situaciones abusivas en las ejecuciones hipotecarias mediante la aplicación de desproporcionados y elevados intereses de demora, así como gravosas indemnizaciones por impago y vencimiento anticipado del crédito, y en definitiva, imposibilitando a los jueces la toma de decisiones que podrían suponer la paralización de ejecuciones de desahucio.

Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias. A finales del 2012 había 198.116 en trámite.

Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda, sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90 % de los casos) la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50 % del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante (más los intereses y costas judiciales) a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.

Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50 % del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo. Contrario todo ello a la normativa europea, como claramente demuestra la reciente sentencia.

Consideramos inadmisible y totalmente injusto que, en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales y vulneran toda la normativa europea y española sobre protección del consumidor.

Es cierto que estamos hablando de una normativa de competencia estatal, pero sus efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que las personas y familias afectadas se dirigen mayoritariamente a los ayuntamientos en busca de ayuda. Así, estos se ven doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos y en segundo lugar porque, en pleno contexto de crisis y cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.

La pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de residencia, lo cual supone la exclusión de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos e impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente.

Para actuar desde el ámbito local, proponemos que el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva tome las medidas necesarias para desarrollar una política activa contra los desahucios.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida–Los Verdes propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

  1. Establecimiento de protocolos de evaluación, a través del estudio de los servicios sociales municipales, para determinar las personas y familias en situación de riesgo.
  2. Creación de una oficina de apoyo a las familias en riesgo de desahucio desde la que se asesore sobre la cobertura jurídica que necesita cada situación particular, así como la mediación con las entidades bancarias para cada caso.
  3. Implantación de una bonificación del 50 % del IBI o periodo de carencia del pago durante dos años consecutivos.
  4. En caso necesario, acceso a viviendas de alquiler social para las personas afectadas.
  5. Desarrollo de herramientas de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para limitar al mínimo legalmente exigido la intervención de miembros de la Policía Local en los procedimientos de desahucio.

En Sevilla la Nueva, a 1 de abril de 2012

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