MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV sobre el Plan Regional de Residuos Urbanos

Dª María Santos Ricoy, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-Los Verdes del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el RD 2568/1986 de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales y el Reglamento de los Órganos Colegiados y del Régimen de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, presenta para su debate y aprobación en el pleno la siguiente PROPUESTA: 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV sobre el Plan Regional de Residuos Urbanos . 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Plan Regional de Residuos Urbanos 2006-2016 pretendía “trasladar” la competencia de tratamiento de residuos urbanos de la Comunidad de Madrid a los municipios. Para ello se sugería la constitución de las Mancomunidades del Norte, Este y Sur, coincidentes con las unidades de gestión existentes en ese momento. Cuando el Plan se aprobó, las competencias municipales en materia de residuos eran “la recogida, el transporte y, al menos, la eliminación (vertedero) de los residuos urbanos”. Es decir, la normativa específica no obligaba a los municipios al tratamiento de residuos (Ley 10/1998, de Residuos, estatal, y Ley 5/2003, de Residuos, de la Comunidad de Madrid).

Una nueva ley estatal, la 22/2011 (de residuos y suelos contaminados) ha modificado las competencias de los municipios pasando a ser desde ese momento “la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios”. No se incluyen, a priori, los residuos generados en las industrias (Art. 12), que en la actualidad utilizan los vertederos públicos (sus residuos suponen un 20 % del total depositado, según el Plan).

El Plan no contempla ninguna inversión en nuevas instalaciones por parte de la Comunidad (a excepción del sellado de los vertederos existentes) y establece la cesión de las instalaciones hasta ese momento gestionadas por la Comunidad a las recomendadas tres mancomunidades.

En cuanto a los objetivos ambientales, tal como alegaron en su momento Izquierda Unida y muchos municipios, el plan fue de mínimos: no establecieron objetivos de reducción y para los objetivos de residuos de envases ligeros, papel-cartón, vidrio, metales y biodegradables aportados a vertedero, simplemente transcribió lo que ya era obligatorio por la ley y directivas. En el caso de los biodegradables, además, saltándose las obligaciones temporales intermedias y manteniendo sólo las que se refieren al año 2016, último año de vigencia del plan. Este plan partió del fracaso del anterior y, transcurridos siete de sus diez años de vigencia, la situación puede calificarse de deplorable. El incumplimiento es particularmente grave en lo que se refiere a reducción de la cantidad de residuos biodegradables que pueden ir a vertedero (normativa del año 2001): en 2006, en lugar de reducir un 35% respecto del año base, se aumentó la cantidad casi al doble de lo permitido; en 2009, en lugar de reducir al 50%, aumentó al triple; y en 2016, en lugar de haberse reducido un 75%, se habrá quintuplicado. Desde antes de 2006, la capacidad de las instalaciones existentes (biometanización y compostaje) cubren una ínfima parte de las necesidades: la situación en 2013 sigue siendo la misma.

Este es el contexto en el que la Comunidad de Madrid planteó su “nuevo modelo competencial”: deplorable situación ambiental, falta de infraestructura y ausencia de ayuda económica a los municipios/mancomunidades. Una errónea y unilateral política de residuos, que se hace extensiva a la creación de las mancomunidades:

La Mancomunidad del Este se constituyó en diciembre 2006. Cuando tenía menos del 50% de la población y los municipios asociados, recibió mediante cesión directa las instalaciones que tenía la Comunidad en ese territorio. Con esa “representatividad” adjudicó un proyecto (con una inversión de 100 millones de euros, a pagar por los municipios) que no ha llegado a implantarse y que se ha acordado recientemente modificar (debido a la presión popular), eliminado la tecnología térmica de Arco de Plasma. Las previsiones son de entrada en funcionamiento de las instalaciones, como pronto, en 2016-2017, fecha difícil de cumplir, dado que ni siquiera se ha iniciado el preceptivo procedimiento de evaluación ambiental. La situación, a fecha de hoy y en el futuro próximo, es de incumplimiento total de los objetivos ambientales. Ni un solo avance en seis años.

Idéntica situación de incumplimiento se da en la Mancomunidad del Sur, creada en 2011, y en la del Norte, creada en diciembre 2012. Estas dos mancomunidades, también tienen un muy bajo nivel de representatividad de las zonas respectivas. También en ellas, la Comunidad pretende utilizar el procedimiento de cesión directa para la transmisión de las instalaciones, impidiendo la concurrencia y vulnerando los derechos de los municipios no mancomunados. De hecho, la orden de cesión de instalaciones a la Mancomunidad del Sur fue dictada por el Consejero de medio ambiente y ordenación del territorio el pasado 13 de diciembre.

El plan sugiere tres mancomunidades: la Este, con 611.000 habitantes; la Norte con 552.000 y la Sur, con 1.616.000. Este modelo se aleja, sobre todo en el caso de la Sur, del principio de proximidad que debe regir la gestión de los residuos, lo que implica, además de mayores impactos ambientales, un encarecimiento del transporte. En nuestra opinión, se debería ir a un modelo de cinco o seis zonas, cada una de las cuales gestionara residuos de aproximadamente 500.000 habitantes: una división en tres de la zona Sur (NVI-NV, NV-NIV y NIV-NIII-NII), aligeramiento de la Este y, en el caso de la Norte, considerar también su división en dos, una en torno a Colmenar y otra en torno a Villalba, dadas las peculiaridades de ese territorio. Con esta zonificación, Las Rozas, por ejemplo, pasaría de transportar sus residuos a 40 km a hacerlo a menos de 20 km.

Por razones ambientales y económicas, para reducir al máximo la necesidad de instalaciones supramunicipales y su tamaño, es necesario, además del establecimiento de medidas generales para la reducción, plantearse como eje principal la minimización de los residuos antes de que salgan del ámbito local: separación en origen de nuevas fracciones (restos vegetales/poda, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, etc. y, a medio plazo, la fracción orgánica); medidas para la reutilización; incremento de las cantidades de las fracciones recogidas ahora selectivamente; separación de los residuos domiciliarios peligrosos. Y una adaptación de los puntos limpios a las medidas propuestas. Para los residuos industriales no peligrosos, proceder de manera análoga e implantar y potenciar la separación selectiva para la recuperación de materiales, mediante instrumentos administrativos municipales (licencia y otros).

Además, plantear unas líneas de tratamiento sencillas (clasificación, compostaje de poda y fracción orgánica, material de vertedero) con este tipo de dotaciones para las cinco o seis zonas de gestión propuestas, al menos. En ningún caso, optar por tecnologías destructivas de materiales, como la incineración, pirólisis, esterilización, etc. Un esquema de instalaciones como el propuesto, además de reducir sus impactos ambientales, reduciría muy sensiblemente la inversión necesaria (por tanto, los periodos de amortización) y los costes, es decir, el gasto público.

La Comunidad de Madrid se haría cargo de las inversiones necesarias, total o parcialmente, con una implicación progresiva de las mancomunidades o municipios no mancomunados, con independencia de que se asocien a ellas mediante consorcio o no.

La propuesta planteada requerirá de programas de concienciación ciudadana y de actuaciones de fomento y colaboración con recicladores locales, siempre atendiendo al principio de proximidad. A la par se desarrollarán programas de formación para el empleo y se incentivará la creación del empleo necesario en cada territorio.

El Plan Regional preveía su revisión en el año 2010 y la elaboración del siguiente Plan, como muy tarde, en 2014. No nos consta que se haya revisado en 2010, a pesar del fracaso, tanto en los objetivos ambientales, como en la creación, extensión y asunción de responsabilidades mediante mancomunidades. A la vista de lo cual se impone una rectificación total de la política de residuos de la Comunidad: que se inicie ya la redacción, con participación pública, de un nuevo Plan y que se adopten una serie de medidas urgentes para la minimización de residuos en el ámbito local, tal como se ha expresado anteriormente, con apoyo financiero y técnico de la Comunidad. A la vista de una nueva zonificación como la propuesta, no se cederán las instalaciones (ni por procedimiento directo ni abierto) hasta que se haya definido la nueva situación.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida–Los Verdes propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

 Instar a la Comunidad de Madrid a:

Que se inicie la redacción de un nuevo Plan Regional de Residuos, con amplia participación pública, cuyos ejes principales sean, de un lado, la reducción de residuos, la reutilización y la recuperación de materiales y, de otro, un enfoque de proximidad, con al menos cinco zonas de gestión que se doten de un sencillo esquema de tratamiento basado en la recuperación de materiales, de menor impacto ambiental, de baja inversión y bajo coste y generador de empleo local.

  1. Que se elabore un Plan de Formación y Empleo para la gestión social y sostenible de los residuos.
  2. Que desde este momento y antes de junio 2013, se definan y se apliquen una serie de medidas urgentes en la Comunidad de Madrid y en el ámbito local, en confluencia con la propuesta anterior, con apoyo financiero y técnico de la Comunidad.
  3. Que se paralice la cesión de instalaciones prevista (Mancomunidades Norte y Sur) hasta que se haya definido la nueva zonificación. Así mismo, que no se aborden compromisos de instalaciones futuras (contratación) mientras no se hayan redefinido.
  4. Que reconsidere su postura en cuanto a la financiación de las instalaciones y de las medidas urgentes y que cree un grupo de trabajo para el objetivo antes descrito, con participación municipal, que se encargue, además, de la búsqueda de financiación (Fondos europeos, fondos propios, etc.). 

De estos acuerdos se dará traslado al Presidente de la Comunidad de Madrid, a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y a la Federación de Municipios de Madrid.

En Sevilla la Nueva, a 1 de abril de 2012

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