MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV de apoyo a la Proposición de Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda presentada por el Grupo de IU-LV en la Asamblea de Madrid

Dª María Santos Ricoy, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-Los Verdes del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el RD 2568/1986 de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales y el Reglamento de los Órganos Colegiados y del Régimen de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, presenta para su debate y aprobación en el pleno la siguiente PROPUESTA: 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV de apoyo a la Proposición de Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda presentada por el Grupo de IU-LV en la Asamblea de Madrid. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En dos ocasiones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha suspendido de forma cautelar  la ejecución de desahucios en la Comunidad de Madrid (uno de una vivienda del IVIMA y otro con motivo de un derribo en la Cañada), invocando el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que dice:  «nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». A tenor del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, ésta es considerada como un derecho humano universal reconocido por los Estados Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  La propia Constitución Española de 1978, en su artículo 47, estipula que “todos los españoles tienen  derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y exhorta a los poderes públicos a promover cuantas condiciones sean necesarias para garantizar este derecho.

A pesar de la importancia que la Constitución otorga al derecho ciudadano a la vivienda, ésta no está siendo considerada en la Comunidad de Madrid como un derecho humano básico, de primera necesidad social y, por tanto, con carácter de inviolabilidad, sino como una mercancía más sujeta a las leyes del mercado. Decenas de miles de personas y familias enteras de adultos, ancianos y niños se han visto y se ven implacablemente despojadas de su vivienda por una incapacidad sobrevenida de hacer frente al endeudamiento hipotecario, que tiene su origen en el inesperado e inusitado nivel de desempleo y en una crisis y situación de emergencia que el pueblo madrileño no ha provocado.

El deber y la función de la Administración Pública madrileña, entidad gestora del bien común y del derecho ciudadano, no pueden ser otros que garantizar el derecho de cada madrileño a un techo, a una vivienda digna, por encima de cualquier consideración mercantil. Nuestra Carta Magna regula el derecho a la propiedad privada estableciendo el límite de su función social y en ningún momento tutela usos antisociales de ese derecho. Utilidad individual y función social componen, de forma inseparable, el contenido del derecho de propiedad.

Aquellas normativas al uso que contravienen la función social de la propiedad de la vivienda, como son el desalojo, la no ocupación o el no destino de un inmueble al uso residencial previsto por el planeamiento urbanístico, supone un grave incumplimiento de la función social del derecho a la vivienda.

La Proposición de Ley que este municipio referencia en la presente Moción avanza en la definición de la función social de la propiedad de la vivienda y articula las medidas que, por su mayor urgencia, deben acometerse sin dilación por la administración pública. Incide en medidas que suponen un “plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido: el derecho a una vivienda digna”, como obligar a la banca y sociedades filiales e inmobiliarias a declarar cuál es el parque de viviendas vacías disponibles y sacarlas al mercado del alquiler, sancionar su incumplimiento o incluso expropiar temporalmente el uso de las viviendas en aquellos casos que vayan a ser desalojados ciudadanos en los que concurran circunstancias sociales tales que su salida del domicilio suponga una condena a la exclusión social o una amenaza para la salud física o psíquica.

Esta Proposición de Ley cualifica el deber de las personas jurídicas titulares de dar efectivo destino habitacional a las viviendas vacías de su propiedad. De las distintas clases de viviendas desocupadas, el ámbito de aplicación de esta Proposición de Ley implica únicamente al conjunto de las que son propiedad de entidades financieras, filiales inmobiliarias y entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la restructuración bancaria, que revelan la notoria utilización de la vivienda como bien de inversión predicado por las personas jurídicas, frente al natural ejercicio del derecho a la vivienda propio de las personas físicas.

La vivienda digna y adecuada es ante todo un derecho y un servicio público. El bienestar de la sociedad y no el lucro privado debe presidir en todo momento tanto la satisfacción de los derechos como el cumplimiento puntual de los deberes.

Esta moción de apoyo a la Proposición de Ley viene a manifestar que los poderes públicos regionales y municipales con competencia en materia de vivienda deben ocuparse urgentemente de la adversa situación de  nuestra región en lo que se refiere al derecho de acceso asequible a la vivienda, particularmente a la pública protegida, y la necesidad de hacer frente a los desalojos mediante la ocupación temporal de un parque inmobiliario en poder de entidades jurídicas, cuya desocupación vulnera el derecho humano y humanitario, contraviene la función social de la propiedad en nuestro territorio, la adecuada utilización del espacio urbano y el interés general.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida–Los Verdes propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes

ACUERDOS: 

  1. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva muestra su apoyo a la Proposición de Ley reguladora del derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid presentada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes en la Asamblea de Madrid.
  1. Trasladar el presente acuerdo a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

En Sevilla la Nueva, a 13 de mayo de 2012

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