En defensa de la democracia local

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El Gobierno estatal pretende aprobar la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, conocida como Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que implica la pérdida de la prestación de servicios y, por tanto, supondrá un grave retroceso de la calidad democrática. Es una ley «anti-ayuntamientos».

Por eso, y conmemorando el 34º aniversario de la constitución de los ayuntamientos democráticos, Izquierda Unida registrará en la Delegación de Gobierno el próximo viernes 19 de abril, el siguiente manifiesto:

MANIFIESTO  EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA LOCAL

El Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, constituye la mayor afrenta al sistema democrático desde los inicios de la transición.

No se pretende una reforma de la administración local, supone el socavamiento del propio sistema democrático a través de la transformación del modelo de Estado, que pasa a presentarse como el único centro de poder competente. Esta “recentralización”, cercena la legitimidad de las instituciones locales, elegidas por la ciudadanía e introduce un marcado perfil ideológico en la estructura de representación política, minando la pluralidad y los derechos democráticos, al coartar la libertad de elección ciudadana en los gobiernos locales.

Bajo las premisas del equilibrio financiero y la recentralización territorial, este proyecto de reforma, aboga por cambiar el modelo de Estado, e imponer un marco legal que vacía de contenido las competencias de las entidades locales.

Los Ayuntamientos, espacios democráticos y de crecimiento de los servicios públicos durante 34 años, serán transformados en administraciones sin autonomía y sin capacidad de autoorganización y sostenibilidad financiera.

La eficacia, la eficiencia, la evaluación estrictamente económica de los servicios, promueve la externalización y la privatización de los mismos, rechazado el principio básico que debe promover cualquier institución del Estado: el desarrollo de unos servicios públicos de calidad para la redistribución económica, el equilibrio social y la igualdad de oportunidades de la ciudadanía, independientemente de su estrato social.

Contraviniendo la propia Carta Europea de Autonomía Local, que reconoce la eficacia y el papel más favorable de la administración más cercana a la ciudadanía, se suprimen competencias básicas para el impacto social y la calidad de vida en la ciudad, tales como Educación, Servicios Sociales, políticas de empleo, políticas de género, etc., así como la propia existencia de las Entidades Locales menores, fundamentales y numerosas en todo el territorio nacional, sin las cuales muchos de nuestros ciudadanos carecerían de los servicios mínimos imprescindibles y de la posibilidad de exigirlos a quienes directamente, hasta ahora son sus responsables.

El anteproyecto promueve una vuelta a la “caverna de la burocracia y la centralización”, haciendo descansar la responsabilidad de la prestación de servicios en administraciones lejanas, de difícil acceso directo para la ciudadanía, cuando no en instituciones decimonónicas y no representativas como las Diputaciones.

Por tanto, se promueve desde el Gobierno el retroceso a un modelo de Estado carente de cauces democráticos, alejado de la pluralidad política y de la capacidad de elección de los ciudadanos, y fundamentalmente sumiso ante los poderes económicos que han llevado a este país a la mayor crisis de su joven democracia.

Desde IUCM, creemos que la democracia local es el pilar básico de la transformación social:

  1. Por su capacidad para influir en el desarrollo de las ciudades, a través de la mejora de los servicios públicos y de las competencias que los desarrollan
  2. Favorece el desarrollo de instituciones que cambian la realidad social, a través de la creación de empleo y el desarrollo económico, potenciando la iniciativa pública y el tercer sector.
  3. Favorece la cultura democrática y vertebra el avance social, a través del control que deben ejercer los ciudadanos.

Por todo ello, en el día en el que se conmemora el 34 aniversario de la constitución de los Ayuntamientos democráticos, hacemos un llamamiento a la defensa de la democracia local y los derechos de sus ciudadanos.

Exigimos al Gobierno de la Nación la retirada de este Anteproyecto de Ley, que basa su reforma en la política del ERE, de las privatizaciones, la degradación de los servicios públicos y de la violación de los derechos democráticos conquistados con tanto esfuerzo en nuestro país.

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