MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV contra los Recortes en Educación y el Anteproyecto de LOMCE

Dª María Santos Ricoy, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-Los Verdes del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el RD 2568/1986 de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales y el Reglamento de los Órganos Colegiados y del Régimen de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, presenta para su debate y aprobación en el pleno la siguiente PROPUESTA: 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV contra los Recortes en Educación y el Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tanto los Presupuestos Generales del Estado para el 2013 como los de la Comunidad de Madrid, profundizan aún más en la tendencia negativa iniciada en el año 2010 al contemplarse en ambos un recorte del gasto educativo sin precedentes. En el caso de nuestra Comunidad este recorte presupuestario supone un recorte inicial del 9,2 % respecto al gasto educativo efectuado en 2012.

Los datos del Ministerio de Educación demuestran que el gasto educativo de la Comunidad de Madrid es el más bajo de todo el Estado. Nuestra región destina el 1,73 % de los presupuestos (en 2009 fue un 2,69 %) que queda a mucha distancia de la media española que está situada en el 3,57 %.

Desde la llegada del Gobierno del PP al gobierno de la nación, se han recortado 5.212 millones de euros en Educación: 487 millones en diciembre por el acuerdo de no disponibilidad, 663 millones en los presupuestos de 2012, 3.736 millones por el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y 326 millones que se han reducido en los presupuestos 2013. Eso en poco más de un año de gobierno del PP.

En la Comunidad de Madrid, los presupuestos aprobados por el PP supondrán, entre otras, las siguientes medidas:

  1. 745 profesores menos que se suman a los 4.300 que ya han despedido en los dos últimos años. En Educación Secundaria habrá 555 profesores menos, mientras hay 1.800 alumnos más que el curso pasado; 190 profesores menos en Primaria y 40 profesores menos dedicados a los planes de educación compensatoria y educación de adultos.
  2. Desaparecen las 310.000 becas de libros de texto y las 110.000 de comedor escolar que ya fueron eliminadas en la Ley de Modificación de Presupuestos de 2012. Sólo habrá ayudas de comedor para 50.000 niños/as, lo que significa que cuando más aumentan las necesidades sociales de las familias por la situación económica precaria que atraviesan por el desempleo que sufre la región, un 25 % menos de niños que en 2012 podrán utilizar gratuitamente los servicios de comedor escolar.
  3. Las inversiones en las universidades públicas se reducen en un 53 % (la reducción ya es de un 85 % en los cinco últimos años), apenas 6,6 millones de euros, a lo que deben sumarse los 170 millones derivados de la modificación presupuestaria del mes de junio. Además, la subida de tasas decretada por la Consejería supone un aumento de entre 300 y 360 euros más de media por alumno y curso y las políticas de investigación se reducen un 35 %, destinando tan solo 40,7 millones, el presupuesto más bajo de la historia del programa.

Esta injusticia en la educación pública se relaciona con otra característica del Gobierno Regional, que no es otra que el fuerte incremento del dinero destinado para la enseñanza privada concertada que no ha cesado de aumentar su peso en el presupuesto desde que Esperanza Aguirre llegó a la Presidencia de la Comunidad y que ahora continúa Ignacio González. No sólo  mantienen todas las becas de escolarización y el presupuesto para conciertos, sino que se mantienen las desgravaciones fiscales para gastos escolares a las familias que voluntariamente llevan a sus hijos a la enseñanza privada con ingresos de hasta 30.000 euros por cada miembro de la unidad familiar.

Si a finales de 2012 la inversión pública educativa en España había descendido en casi 8.000 millones de euros, el gasto público educativo en 2015 se situará en torno al 3,9 %, lo que supondrá volver a las cifras de los años 80 y nos situará a la cola de la OCDE y la Unión Europea. Esto revela la falta de compromiso con la educación en el conjunto de las políticas públicas, especialmente desde que gobierna el Partido Popular.

Estos recortes se quieren justificar ideológicamente mediante el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), presentado recientemente por el Ministro Wert para su aprobación parlamentaria. Este anteproyecto de ley orgánica supone una reforma regresiva, clasista, excluyente y segregadora, que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad.

Un anteproyecto de ley sin diagnóstico previo y riguroso que sólo se apoya en prejuicios o ideas preconcebidas sin base en investigación alguna que lo respalde y sin contar con la comunidad educativa. Se plantea en plena crisis económica, sin financiación y tras los brutales recortes señalados y, no obstante, en su propio texto propone cínicamente como primer objetivo “la mejora de la calidad educativa”.

Es una reforma que retrotrae a la educación española a épocas anteriores a la Ley educativa de 1970 convirtiéndola en una carrera de obstáculos con continuas reválidas, una enseñanza basada en la presión del examen en vez de un modelo educativo centrado en las necesidades del alumnado para contribuir al éxito escolar de todas y todos.

Es una reforma segregadora que desde los trece años abre hasta tres vías selectivas, que acaba con la formación común, establecida en la Constitución Española, en la etapa obligatoria y que atenta contra la igualdad de oportunidades a través de programas diferenciados y currículos diferentes que clasificarán a los alumnos en itinerarios educativos de muy diferentes categorías, atentando contra la equidad social. Múltiples datos y estudios internacionales constatan que la segregación temprana, además de injusta por clasista, es ineficaz por “elegir” prematuramente, cuando aún no se conocen las capacidades que cada estudiante puede desarrollar.

Es una reforma antidemocrática que diluye las competencias del consejo escolar, relegándolo a funciones meramente consultivas, desmantelando así la participación democrática y concentrando las decisiones en un modelo de dirección gerencial, controlado desde la propia administración educativa.

Es una reforma controladora, que desconfía de los profesionales de la educación, que vuelve a la recentralización del currículo y a su control a través de las evaluaciones externas al final de cada etapa que serán las que determinen los niveles de exigencia y, por tanto, también las programaciones del profesorado.

Es una reforma que instituye la gestión empresarial de los centros públicos, que atenta contra los derechos laborales del profesorado al que, cual peones intercambiables, se podrá desplazar forzosamente de centro, de etapa e incluso de asignatura.

Es una reforma centrada en fomentar la competitividad entre los centros y su especialización, estableciendo clasificaciones según resultados en rankings, como ya se está haciendo en la propia Comunidad de Madrid, todo ello con el fin de que los “clientes” comparen y, supuestamente, elijan el centro educativo que más les convenga en ese mercado del negocio en el que el PP trata de convertir la educación.

Es una reforma privatizadora, que incluye como parte del sistema educativo a los “agentes privados” a la hora de desarrollar funciones de regulación, financiación o prestación del servicio educativo. Una reforma que plantea medidas para favorecer, de forma descarada, a los centros privados concertados, como extender el concierto a la nueva formación profesional básica, quedando incluida en la enseñanza obligatoria, o dar cobertura legal a los centros concertados que discriminan al alumnado por razón de sexo, haciendo caso omiso a la reciente sentencia del Tribunal Supremo en este sentido.

Es una reforma en la que, nuevamente, la Conferencia Episcopal impone la asignatura de religión dentro del currículo escolar de un estado aconfesional, obligando al alumnado que no quiera cursarla a elegir una asignatura alternativa.

Todos estos cambios con los que el Gobierno del PP pretende dar la vuelta al sistema educativo español (viejas recetas de un pensamiento clasista y segregador ya probadas en épocas pasadas con resultados conocidos) son los que la comunidad científica internacional vienen rechazando de plano porque, lejos de servir para construir la escuela del futuro y contribuir al desarrollo de una sociedad democrática, su único objetivo es la restauración de la mala educación de una época, la franquista, que creíamos felizmente superada.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida–Los Verdes propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes

ACUERDOS: 

  1. Instar al Gobierno de España para que, en vez de recortar en educación, destine un “rescate” a educación similar al que está destinando a rescatar a los bancos y aumente el Presupuesto para Educación Pública en los PGE de 2013 a la media europea (7 % del PIB) y asigne además un 2 % del PIB a la Educación Superior.
  2. Instar al Gobierno de España para que retire de forma inmediata el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) porque es una reforma segregadora, antidemocrática, mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educativa y social.
  3. Instar al Gobierno Central a debatir y alcanzar realmente un diagnóstico compartido sobre la situación de nuestro sistema público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas. 

De estos acuerdos se dará traslado al Presidente de Gobierno, al Presidente de la Comunidad de Madrid y a todos los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y de la Asamblea de Madrid.

En Sevilla la Nueva, a 1 de abril de 2012

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